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También apunta que en la regulación se contemplarán las posibles exclusiones en la aplicación de estos incentivos así como la obligación de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas como mínimo durante un año.
El borrador del decreto, en el que el Gobierno y agentes sociales llevaban trabajando desde abril, establece una serie de programas comunes de políticas de activación para el empleo, que podrán ser desarrollados por las comunidades autónomas en función de las características propias de sus mercados de trabajo. Así, aborda estrategias de formación, modelos de financiación, programas de orientación para el empleo, intermediación laboral, etcétera.
En algunos de estos puntos, desde CCOO criticaron ayer que los planteamientos del Gobierno pueden llevar a una externalización de una parte de los servicios prestados desde la red pública y pidieron que, en el caso de los programas de empleo-formación, se recupere la referencia específica a que los programas sean de iniciativa pública y no de iniciativa privada financiada con fondos públicos.
UGT ha considerado necesaria una reforma de las políticas activas de empleo para dar solución a los 3,5 millones de desempleados, a la “altísima” tasa de desempleo juvenil o al millón y medio de parados que no tiene ningún tipo de protección, porque es “el momento idóneo” ya que se cuenta con un marco presupuestario.
