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Sin embargo, si la decisión de aprobar por seis meses -y no por cuatro u ocho meses- el estado de alarma está motivado por la necesidad de evitar el calvario de las aprobaciones quincenales que tuvieron lugar entre mayo y junio, entonces la aspiración, como es decir, tendrá que ser objeto de una negociación oportuna con los grupos parlamentarios. La naturaleza del argumento en el que se basa la propuesta es fundamental para saber si debe negociarse o, por el contrario, no permite ninguna negociación.
En todo caso, cualquiera que sea la naturaleza de la propuesta, dado el carácter excepcional de la situación, y precisamente por ese carácter excepcional, los procedimientos de control y rendición de cuentas deben ser extremos. No basta con la aparición del ministro de Salud, Salvador Illa, cada quince días, que puede abrir un camino de polémicas periódicas estériles, sino que hay que incrementar los mecanismos que permitan el control efectivo por parte de las cámaras. Como exigen organismos internacionales y expertos preocupados por la calidad democrática, el estado de alarma requiere una supervisión extrema y específica en cuanto a su justificación, ejecución, resultados, etc.
